jueves, 23 de febrero de 2012

La deuda social no se declara en las actas de transferencia de los gobiernos

Las autoridades de la Municipalidad de Brinkmann se refirieron a la pobreza estructural que padece la localidad, estimada entre un 12 a 13 % de la población, a partir de datos del 2006, considerando que podría ser mayor ese porcentaje en la actualidad.
La falta de información actualizada no permite contar con datos reales sobre la cantidad de personas que se encuentran en estado de indigencia, como así tampoco la cantidad que están por debajo de la línea de pobreza, por no contar con un ingreso estable o como consecuencia de salarios indignos que no les permite satisfacer las necesidades básicas.

Por lo tanto si estamos hablando de alrededor de un 13% de pobres estructurales que no logran satisfacer las necesidades básicas, a estos le debemos sumar los pobres pauperizados, que pueden satisfacer las necesidades básicas cada vez con más dificultad y si tenemos en cuenta que pobre es la persona que no puede procurarse recursos suficientes para llevar a cabo una vida mínimamente decorosa de acuerdo con los niveles predominantes en la sociedad a la que pertenece, seguramente cuando se cuenten con los datos del censo 2010 y el trabajo que el mismo municipio está realizando estaremos hablando de un porcentaje mucho más alto
Esta situación supone una deuda heredada imposible de cuantificar en términos económicos y mucho más aún desde el punto de vista social por la incidencia que esta tiene a través del tiempo en la vida de la comunidad, ya que la pobreza no solo está vinculada a los aspectos económicos, sino que también incluye aspectos no materiales y ambientales.
Pero cuando se habla de deudas por lo general se lo hace en términos monetarios relacionados a los préstamos tomados, a la deuda con proveedores entre otras cosas, pero no se hace referencia a la deuda social que genera la carencia de capacidades humanas, ya que los pobres quedan al margen del proceso de modernización, como la capacitación que exige el mercado laboral, la falta de infraestructura básica, vivienda entre otras tantas cosas, ya que no acceden a los derechos económicos, sociales y culturales como la igualdad de oportunidades, calidad de vida, derecho al trabajo, salud, alimentación, educación, vivienda, protección social entre otros
Por lo tanto para cubrir esos derechos universales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el municipio deberá reasignar los recursos colectivos para avanzar hacia formas menos excluyentes, en consecuencia es una deuda pendiente que a través de distintos mecanismos va a tener que ir cubriendo, porque que como lo expresa, Norberto Bobbio, “la razón de ser de los derechos sociales como la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, es una razón igualitaria”, puesto que “tienden a hacer menos grande la desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen, o a poner un número de individuos siempre mayor en condiciones de ser menos desiguales respecto a individuos más afortunados por nacimiento o condición social”.
Si como lo expresa Marshall, la titularidad de los derechos sociales, entendida como el acceso universal a un umbral determinado de prestaciones e ingresos que asegure la satisfacción de las necesidades básicas, constituye la de?nición misma de ciudadanía social, asegurar el cumplimiento del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso a alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejoría continua de las condiciones de existencia”, lo cual implica que el Estado en este caso municipal debe procurar, mediante sus políticas y la canalización adecuada de los recursos, que los umbrales logrados en términos de realización de los derechos sean irreversibles, es una deuda fuerte que debería afrontarse de manera urgente, pero que no es declarada en ninguna acta de transferencia de un gobierno a otro.
En este contexto, las políticas sociales deben orientarse a subsanar la indefensión de la sociedad y a mitigar las inseguridades que aumentan la sensación de vulnerabilidad entre sus miembros. Para esos efectos independientemente de los principales indicadores socio-económicos y laborales de la situación social argentina, se requieren medidas correctivas tales como inversión social para fortalecer el capital humano y social, un sistema asociado al trabajo o redes de protección paliativas a falta de este, que supone una deuda real y concreta que debe afrontar en este caso el gobierno municipal que en el mejor de los casos puede recibir algún tipo de ayuda económica desde las esfera provincial y nacional, porque como lo manifiesta el Observatorio de la Deuda Social Argentina, “se trata de asegurar las condiciones materiales de educabilidad, de salud, de capacidades de ejercer la libertad, en ausencia de las cuales nada pueden hacer la escuela, las políticas de salud, las libertades políticas”.
En el caso puntual de Brinkmann sus autoridades, pusieron de manifiesto el endeudamiento desde el punto de vista financiero, el que es entendido como una dificultad coyuntural, que les impide cumplir temporalmente los compromisos asumidos durante la campaña electoral, pero mucho más importante aún, es que pusieron en la agenda de debate, la fuerte deuda social que tiene con la pobreza estructural que padece la ciudad, y al mismo tiempo pusieron de manifiesto la decisión política de trabajar en forma conjunta con los centros vecinales para superar la situación, donde es probable que la deuda económica sea un obstáculo que impide en el corto plazo erradicar la deuda social, pero con la participación y el intercambio de ideas surgirán las acciones para saldar la deuda social que es mucho más importante que la económica.
La participación activa de todos los sectores permitirá atacar las causas estructurales de la pobreza, sin caer en el partidismo electoralista importante generador de la deuda social y a través de una política de derechos sociales universales con más inversión y mejores servicios para quienes tienen menos recursos y oportunidades, lograran poner en marcha programas locales de desarrollo económico y social para áreas y sectores críticos y de esa manera con el control de la participación de la sociedad, cuando finalice el período de gobierno al confeccionar el acta de transferencia podrán no solo hablar de la situación en que el municipio queda en relación a la deuda económica – financiera, sino que podrán rendir cuenta sobre la disminución de la deuda social de manera notable, lo que se traducirá en un pueblo feliz, sano y en pleno crecimiento.
Miguel Peiretti
Director