martes, 21 de mayo de 2013

Un decreto para mantener la monopolización de la comunicación

El decreto firmado por el gobernador José Manuel De la Sota con el propósito de garantizar la libertad de prensa y expresión en Córdoba, una copia con unas pocas modificaciones al lanzado por Mauricio Macri, al que adhieren Aguad y Mestre busca defender la libertad de empresa a través de su concentración para limitar la pluralidad de voces, además de fortalecer la explotación y sometimiento de quienes trabajan en los medios de comunicación.
 “Sin prensa independiente, sólo existe la manipulación y la propaganda oficial. Quienes temen a la libertad, se ocupan primero de limitar la libertad de prensa”, manifestó al anunciar la firma del decreto el gobernador De la Sota, que trabó el funcionamiento  de las antenas de la Televisión Digital Pública (TDA) para favorecer el negocio del Grupo Clarín, agrede e intimida a periodistas a través de las fuerzas policiales, castiga a los medios que no le son adictos utilizando la pauta publicitaria e invirtiendo millonarias sumas en los medios que manejan ese extraño concepto de independencia.
Si tuviese la firme intención de defender el derecho y la libertad de expresión, opinión y prensa como afirma en el decreto, que además dice estar basado en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución provincial, debería afirmar los mismos que como lo señala Miguel Rodriguez Villafañe son mucho más amplios, completos y generosos que el decreto del mandatario provincial, por lo que debería asumir el compromiso de respetar y trabajar para que el derecho a la información y a la comunicación sea un derecho de todos, y no sólo de unos pocos.
Si bien es un hecho positivo que los referentes neoliberales reivindiquen la libertad y la doctrina de derechos humanos, tantas veces avasalllada por este espacio de pensamiento, pero vemos que nada dicen sobre las restricciones en la fabricación de papel para diarios monopolizado por el grupo Clarín, un hecho que limita la libertad de prensa, por lo que es, más que evidente que diseñaron una medida progresista que se desnaturaliza por haberla hecho a medida de un grupo empresarial con el único propósito de que en nuestra provincia no se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obliga a tomar decisiones para que no haya concentración informativa. 
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la mejor forma de garantizar la libertad de expresión por que establece a la comunicación como un derecho humano, democratiza la comunicación, pone límites a los monopolios y establece el reconocimiento de nuevos y múltiples actores como sujetos capaces de ejercer el derecho a la comunicación, la federalización de los contenidos audiovisuales, y el fomento y desarrollo de la diversidad cultural en todo el país. Una ley que fue largamente debatida por la ciudadanía en general, las organizaciones sociales, las entidades representativas de periodistas y medios de comunicación y votada por una gran parte del arco político en el Congreso de la Nación.
La medida adoptada por Macri y De la Sota al que adhieren Mestre y Aguad situados en el neoliberalismo pretenden inhibir al Estado para regular el mercado, una medida que protege a los grupos empresarios dejando al desnudo a los trabajadores de prensa cercenando sus derechos, que al ser despedido, el juicio laboral no es ejecutable, ya que el decreto limita las ejecuciones forzosas sobre bienes de periodistas y/o medios de comunicación por deudas derivadas de la actividad de prensa, es decir que los somete a la explotación y más grave aún lo somete a decir únicamente lo que la empresa pretende que se diga, como por ejemplo a que no se denuncien los hechos de corrupción del gobierno provincial que por estos días están saliendo a la luz.
La mayoría de los constitucionalistas y la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en contra de la provincia de San Luis que intentó sancionar una ley de medios propia, dan cuenta de la inaplicabilidad de la norma por ser inconstitucional, por lo que pone en evidencia como se desesperan para generar circo político que señalen a Magneto y a los grupos financieros internacionales propietarios de los monopolios mediáticos de la Argentina que están a su servicio para someter al pueblo a su antojo.