El partido Justicialista al que pertenecía el actual intendente Gustavo Tévez, -hoy enrolado en Alternativa Vecinal-, en la época que iniciaba la gestión de gobierno el ex intendente Carlos Giaveno, denunciaba abusos y persecución política entre otras cosas por el despido de un importante grupo de empleados municipales.
El revanchismo partidario a través de los trabajadores que eran denunciado por la alianza gobernante, es reivindicado a través de la práctica que llevan adelante contra los empleados municipales que desde hace varios años vienen cumpliendo funciones, que dio comienzo con las declaraciones públicas del intendente Gustavo Tévez, pidiendo a los empleados de planta permanente que no pertenecían a su partido se vayan a su casa, siguió con la anulación de la efectivización de 33 empleados, de los cuales 10 que resolvieron defender sus derechos los dejó en la calle. En ese momento también anunció que seguirán con las bonificaciones y las recategorizaciones que fueron dadas por el gobierno anterior, amenaza que hasta el momento no llevó a cabo, mientras que por otro lado gratificó a algunos votantes, brindado a ellos un trabajo extremadamente precario.
Este mal trato a quienes los gobernantes suponen que no se identifican con la actual gestión, el dejar en la calle a gente que según lo manifestado por el mismo intendente padecen enfermedades, es un claro acto injustificado, arbitrario, discriminatorio y verticalista que nada tienen que ver con el sistema democrático. La práctica de una política del terror que provoca inseguridad ante la inestabilidad laboral, nada tiene que ver con la institucionalidad democrática, ya que se viola la libertad de pensamiento.
Garantizar los derechos de todos los empleados, respetar la independencia política, constituye un medio para alcanzar una sociedad más democrática y es fundamental para mantener el tejido social integrado, porque más allá que puedan pensar diferente, son padres de familia, tienen compromisos y necesitan trabajar sin presiones, para que el tejido social no se desintegre, ya que las situaciones padecidas por estas familias provocan fuertes alteraciones psicológicas sobre todo en los hijos de estas familias. Un daño innecesario.
El intendente municipal fundamenta la anulación de los decretos de pase a planta permanente en que el anterior gobierno no cumplió con el procedimiento legal establecido para tal fin. Si esto fuese así en primer término que culpa tienen los trabajadores que durante años venían trabajando y accedieron a un derecho constitucional como es la estabilidad laboral. ¿Por qué no se accionó contra quienes supuestamente cometieron la irregularidad?
El dictado de los decretos de efectivización se cumplió en junio de 2011, cuando el actual intendente Gustavo Tévez, era concejal, entonces porque en ese momento no actuó como es su obligación en defensa de los intereses del municipio, como si lo hizo con otros casos recurriendo a la justicia. ¿No estamos ante un caso de mal desempeño de la función pública?.
Las diferencias políticas, los revanchismos partidarios y las broncas personales no deben resolverse tomando de rehenes a los trabajadores de manera perversa poniendo al borde de la desesperación a sus familias bajo presiones para que firmen un contrato que habilita al Departamento Ejecutivo a dejarlos directamente en la calle en el momento que se le ocurra o de manera más elegante bajo el argumento del concurso en el que deberán participar junto a los empleados que ingresaron en este período de gobierno y pertenecen al riñón de la actual gestión que es quien evaluará y resolverá quien sigue trabajando y quien se queda en la calle. ¿Quedan dudas de quienes ganaran el concurso?
Desde que asumió viene poniendo de manifiesto ante la comunidad la difícil situación económica heredada, la que fue entendida por los trabajadores que colaboraron con la postergación por algunos meses el tan necesario incremento de los magros salarios, pero pareciera que nada importa la situación económica - financiera del municipio sometiendo a cada uno de los habitantes a tener que hacer frente a través del aporte de sus tasas a altos costos de indemnizaciones, salarios caídos, aportes, intereses y costas judiciales para cubrir lo que por derecho le corresponde a cada uno de los trabajadores, pero por sobre todo estaría pagando importantes sumas por asesoramiento legal. Es decir que los fondos que aporta el pueblo van a ir a parar a unas pocas manos a través de honorarios.
Los fondos que con gran sacrificio son aportados por la gente cuando son utilizados para hacer frente a caprichos o intereses personales en primera instancia postergan la realización de obras necesarias para la comunidad, que luego verá disminuido su poder adquisitivo a través del incremento de las tasas municipales como consecuencia de las abultadas sumas a las que el municipio deberá hacer frente para pagar los juicios.
Ante los injustificados despidos, un grupo de 23 empleados por la imperante necesidad económica no tuvo otra opción que someterse a los designios del intendente firmando un contrato temporario, mientras que otro grupo resolvió iniciar el camino de la defensa de sus derechos, primero por la vía administrativa y ante la negativa de su reconsideración acudió a la justicia, la que resolvió restablecer los derechos que fueron quebrantados violando los derechos humanos fundamentales como es la fuente de recurso de subsistencia para los trabajadores y su familia, ordenando la restitución a sus puestos de trabajos en las mismas condiciones que se encontraban al momento de ser despedidos, pero el Departamento Ejecutivo a través del Secretario de Gobierno se negó a cumplir con la medida cautelar dictada por la justicia, como si la ciudad de Brinkmann estuviera gobernada por un sistema feudal. Este nuevo capricho significa una mayor erogación para las arcas municipales para el pago de multas y honorarios.
Brinkmann una comunidad que siempre tuvo como bandera la justicia social, el trabajo y la democracia, hoy está transitando el atropello del neoliberalismo, utilizando a los trabajadores como válvula del revanchismo político que ayer criticaron y hoy ejecutan.
La oposición bien, gracias
Los trabajadores que fueron despedidos por el intendente Gustavo Tévez, ingresaron al municipio en épocas en que gobernaba el radicalismo, hoy oposición, quienes la mayoría de ellos fueron mantenidos en condiciones de precarización laboral durante varios años hasta que el entonces intendente Jorge Racca seis meses antes de finalizar su periodo los paso a planta permanente.
Es decir que si no hubiesen seguido los lineamientos del neoliberalismo en materia laboral hoy estos trabajadores no estarían sufriendo la continuidad del neoliberalismo que intenta disciplinar a través de la inestabilidad laboral.
Esto hizo que la oposición más allá de expresar su solidaridad para con los trabajadores despedidos y algunas expresiones en el marco del oportunismo político a través de los medios de comunicación, en el Concejo Deliberante tuvieran una actitud pasiva contra los despidos.
Ante el acoso, atropello y persecución política hacia los trabajadores municipales que militan en el radicalismo el tema debería haber sido llevado ante las distintas instancias al igual que la incertidumbre laboral, no como un hecho político sino en defensa de los hombres y mujeres que abrazaron al radicalismo como causa, para que puedan seguir creyendo en el centenario partido.
Por otra parte como parte del Estado municipal deberían los concejales de la oposición haberse transformado en los garantes para eliminar las conductas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos, haciendo cumplir los derechos constitucionales, pero más allá de algunas expresiones públicas solo se quedaron como meros observadores de la situación, mientras los trabajadores luchaban por la subsistencia para defender sus derechos.
Ante el enmascaramiento del ordenamiento administrativo con decisiones ilegitimas generaron juicios que podrían terminar con abultados honorarios, además de los miles de pesos con varios ceros que tendrían que desembolsar para resarcir a los empleados, pero llama la atención que dejen que los fondos de la comunidad se dilapiden en intereses personales.
La falta de decisión será ¿por omisión o por acción? o será la clásica en el ambiente político yo no te toco, para que no me toques, mientras los trabajadores siguen siendo vulnerados con las mismas políticas implementadas por el radicalismo y reivindicadas ahora por Alternativa Vecinal y el Justicialismo de Brinkmann.
