martes, 3 de junio de 2014

Abusada y violentada desde la niñez

Era una niña feliz hasta el día en el que su padre, abusa de ella y más tarde su hermano, quien padece problemas  de trastornos neuro cognitivo. Se trata de una ruptura terrible en su vida. Una adolescencia llena de abusos y violaciones que siguió con la pérdida de su vivienda y tierras, acentuándose la vulneración de sus derechos humanos con la actuación de la justicia que la sostiene en una casa en condiciones inhumanas.
Los sentimientos de la niña de ocho años que idolatra a su padre esperando que la abrace, repentinamente cambia la visión al quedar institucionalizada, sufriendo física y mentalmente, sintiendo el desamparo que es difícil que una niña entienda y que hacen imposible el retorno de la niñez perdida.
Después de una adolescencia de entorno opresivo y duro, tras la muerte de su padre, se podría haber pensado que podría haber logrado la tabla de salvación que libera y abre horizontes junto a los vínculos familiares. Pero lejos de resplandecer esa iluminación, nuevamente la oscuridad cubre su vida al ser despojada junto a su hermano Nelsón de un lugar digno donde vivir junto a otros bienes.
Ante la decadencia y los dramas sufridos, la sed de vivir y existir, nuevamente es arrancada a Lucía Clemente por la aberración humana de una sociedad donde algunos aprovecharon la situación para alimentar su avaricia y el resto apartamos la mirada al cruzarlos, además de murmurar sobre la situación, pero dejando que todo transcurra como si nada , frente a la injusticia de la justicia.
La violación a los derechos humanos a la que fue sometida en lugar de encontrar en la justicia se materialice la protección de su derecho a tener una vida digna consagrado en los instrumentos jurídicos internacionales, así como también nacional y provincial para su desarrollo integral, individual y colectivo fue sostenido al hacer que permanezca en una vivienda que no reúne las mínimas condiciones, más aún cuando no era necesaria la intervención del Estado desde el punto de vista económico para cubrir necesidades por contar con ingresos mensuales en la que muchas familias con montos altamente inferiores logran una hábitat que cubre las condiciones necesarias para vivir y desarrollarse en un proceso de libertad humana. Ella fue sometida a la pobreza.

Se violan los derechos humanos
«La pobreza puede definirse como una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesario para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales», expresó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de la ONU en la declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que además al igual que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce la «inherente dignidad de todas las personas» y la necesidad de que los seres humanos se vean «liberados de la miseria»
En el caso de Lucía Clemente no le fue reconocido el ideal del ser humano libre y liberado del temor y la miseria al no crear las condiciones que le permitan disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales bajo la curatela del asesor letrado de los Tribunales de Morteros.
En este sentido son varias las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos al que nuestro país adhirió que reafirman que someter a la pobreza constituye una violación de la dignidad humana que podría, en ciertas situaciones, constituir una amenaza para el derecho a la vida, que incluye el derecho a llevar una existencia digna. 
La pobreza se ha definido como la insuficiencia de ingresos para alcanzar la capacidad y libertad básica para vivir con dignidad. En este sentido el Comité Desc reconoce que estas son prácticas que institucionalizan la discriminación contra personas.  Cuando esta afecta la existencia, tiende a prolongarse en el tiempo haciéndose persistente y obstaculiza gravemente las posibilidades de recobrar los derechos y reasumir las propias responsabilidades en un futuro previsibles, adopta la dimensión de extrema. Esta interpretación de Leandro Despouy, antiguo Relator Especial de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, ha sido aceptada internacionalmente. 
El curador debe preservar la salud de la persona y tiene a su cargo el cuidado para que recobre su capacidad si no la tuviese. En el caso de Lucía Clemente además de encontrarse cuestionada la declaración de su falta de capacidad, quien tiene la responsabilidad de la administración de sus bienes y el cuidado de ella, no destino la renta de los mismos para ofrecer una calidad de vida humana relacionada con su capacidad económica, debiendo soportar una carga desproporcionada de la pobreza con una sistemática desigualdad. El juez tampoco controló que esto no ocurra. Es este un hecho frecuente que debe soportar la mujer en el marco de una práctica profundamente patriarcal que evidencia la discriminación de género.
La pérdida de su vivienda, de sus tierras o de sus medios de subsistencia, junto con la discriminación, hace que las mujeres corran un mayor riesgo de quedar atrapadas en el ciclo de la pobreza. Una forma de discriminación que vulnera los derechos humanos.
La antigua Comisión de Derechos Humanos afirmó que «la liberación de la miseria y el temor sólo puede lograrse si se crean condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos».
Además, el Grupo ad hoc de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos  estableció que cuando una persona está en situación de pobreza extrema se está violando su dignidad, al igual y en el mismo nivel de violencia que cuando se tortura, se restringe la libertad o se mata. 
 Igualmente, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, Miloon Kothari, también ha hecho referencia a este vínculo con la violencia, considerando que la pobreza persistente, aquella en la que las mujeres y otros grupos se ven obligados a vivir en lugares y condiciones de vida inadecuada e insegura, es en sí misma una forma de violencia. 
Señala, asimismo, la relación de reciprocidad existente entre la violencia contra la mujer y la inadecuación de su vivienda, ya que la falta de una vivienda adecuada puede hacerla más vulnerable a distintas formas de violencia y a la inversa, la violencia contra la mujer puede dar lugar a la violación de su derecho a una vivienda adecuada. La reciente aprobación del Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Consejo de Derechos Humanos abre una histórica vía para la justiciabilidad de estas violaciones de los derechos humanos vinculadas a situaciones de pobreza.
Al respecto al realizarse el primer encuentro para la conformación de la mesa de trabajo en discapacidad y derechos humanos en la Escuela de Ciencias de Información de la Universidad Nacional de Córdoba, Sebastian Mastai, auxiliar de la Defensa Pública de la Asesoría Letrada Civil del 8° Turno, se refirió a las implicancias y obligaciones de la Convención que no son tenidas en cuenta, siendo necesario promoverla en el ámbito de la Justicia, mientras que la Lic. Jaschele Burijovich, miembro del Observatorio de DDHH de la UNC y de la mesa de salud mental y DDHH, al observar los obstáculos vinculados a la justicia y a los medios de comunicación, resalto la importancia de la desjudicialización de las personas.
Los derechos humanos suponen un sistema que convierten las necesidades humanas en derechos exigibles que implican para el Estado la obligación de respetarlos y cumplirlos y dar cuenta de su conducta en relación a las normas internacionales de derechos humanos.
En este caso no es necesario que los miembros del Poder Judicial que tienen el deber y la responsabilidad de brindar condiciones digna a Lucía Clemente y a su hija por nacer en casi el octavo mes de gestación, tengan que dar cuenta ante la comunidad, más allá que lo tendrán que hacer ante la justicia y los organismos internacionales de haber incumplido este enfoque de derechos humanos, ya que las imágenes que se pueden ver en: Percibe 20 mil pesos mensuales y la hacen vivir en la indigencia, por si solas son un documento concreto de las condiciones en que las hacen vivir, pero si como miembros de esta sociedad junto a las autoridades políticas y los representantes de las distintas instituciones de la ciudad, deberíamos denunciar y movilizarnos para que en la justicia de Morteros se geste el cambio de paradigma en el tratamiento de la pobreza, la violencia hacia la mujer y los derechos humanos, ya que todos tenemos una deuda social con estas personas que necesitan ser amparadas respetando su dignidad a la vez que sus derechos, ya que por no haber desconocido los hechos, de alguna manera somos cómplices de estas violaciones y no tengamos que esperar que nuevamente llegue una joven misionando desde otro lugar para poner en evidencia lo que todos sabíamos y callamos. Para que alguien de otra población no vuelva a poner en agenda la hipocresía que como sociedad tenemos, accionemos en este caso para que se haga justicia y a Lucía Clemente, a su hija por nacer al igual que a su hermano Nelsón y a su mamá se los respete como sujetos de derecho.

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