Una tragedia evitable embargo de un sentimiento de tristeza a toda la región por la muerte de la niña Martina Sarmiento de 9 años al caer de un juego en un parque de diversiones de Miramar, enlutando a una familia y al mismo tiempo poniendo en evidencia una vez más que el rol del poder de policía y control del Estado no es cumplido.
La empresa habría tenido el seguro vencido, el municipio no contaría con informes técnicos realizado por ingeniero electromecánico para su habilitación. El juego donde ocurrió el siniestro no habría contado con arnés o cinturones de seguridad, serían todos estos hechos que pondrían en evidencia que el Departamento Ejecutivo Municipal habría habilitado el funcionamiento sin ejercer los controles correspondientes, que de haber cumplido con su rol hoy quizás no estaríamos lamentando esta muerte que destruye a una familia.
La niña Martina Sarmiento (9), domiciliada en Río Primero, por causas que se encuentra investigando el Fiscal de Morteros, Dr. Alejandro Acuña, cuando se encontraba en un parque de diversiones ubicado en la esquina de Alem y Córdoba de Miramar, sobre el juego denominado «barco pirata» cayó al piso. Al quedar en el piso el movimiento pendular de la pesada máquina impactó en la cabeza de la niña provocando su fallecimiento.
La fiscalía de Morteros dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue de la ciudad de San Francisco para la realización de la autopsia y al mismo tiempo ordenó la clausura del parque, destacando en el lugar custodia policial hasta la llegada de peritos de policía judicial que efectuarán un informe técnico sobre el mismo.
Por otra parte ordenó allanar la administración municipal con el propósito de secuestrar la documentación relacionada con la habilitación municipal para funcionar, y la recepción de los testimonios de las personas que se encontraban en el predio en el momento del hecho.
El propietario del parque Ramón Figueirós (56), de nacionalidad española, fue trasladado a la sede policial a los fines de evitar sea agredido por los testigos del hecho.
La muerte de la niña se trata de una catástrofe evitable si el municipio hubiese realizado los controles que garantizan la seguridad, señalaron especialistas en la materia. En este caso según información extraoficial de fuentes confiables no habrían contado con informes técnicos sobre el estado de los juegos, velocidad, altura, medidas de seguridad, realizado a través de un ingeniero electromecánico avalado por el Colegio de Ingenieros Especialistas que acredite el estado en que se encuentra el mismo. Por otra parte trascendió que habría tenido el seguro vencido desde el año pasado, lo que pondría en evidencia la falta de controles municipales para permitir el funcionamiento del mismo.
Concurrentes al parque que funciona en un terreno privado, manifiestan que ese juego habría tenido un piso un tanto resbaladizo y no habría contado con arnés o cinturones para evitar la caída de quienes subían al mismo, por lo que de haber existido controles técnicos, no debería haber estado habilitado para su funcionamiento.
La pérdida de una pequeña vida que se encontraba disfrutando de un juego, una dolorosa situación que no puede atribuirse a un desgraciado caso fortuito, sino a la cadena de responsabilidades no cumplidas comenzando por el intendente que no ejerció el poder de policía, dejando que funcione un lugar a donde concurren niñas y niños sin realizar los controles técnicos, con seguro vencido, siguiendo por los concejales del oficialismo y la oposición que miraron para otro lado, más aún cuando se trata de hacer que se cumplan las disposiciones que son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles, intransigibles con el objeto de velar por la «Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes mediante la protección y resguardo, establecido en el ordenamiento jurídico provincial, nacional y en los tratados internacionales en la que las autoridades de forma primordial deben defender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) cuenta con un área de seguridad industrial que realiza a los parques que quieren tener una garantía de funcionamiento, ensayos no destructivos que evalúan el comportamiento de los materiales una vez instalados, además hacen un relevamiento de todo el equipamiento, pero según informan desde el organismo una minoría utiliza este servicio, señalando que los propietarios acuerdan con las autoridades locales la seguridad del negocio con precariedad en un delgado acuerdo de una cadena que, cuando se corta, puede provocar una tragedia, como sería el caso ocurrido en Miramar.
¿Puede ejercer el poder de policía?
El municipio es quien tiene el poder de policía para realizar los controles correspondientes y la función del cumplimiento de las normas para habilitar el funcionamiento para resguardar la vida de las personas evitando como en este caso una niña pierda su vida, pero en el caso de Miramar con qué autoridad el intendente puede exigir el cumplimiento de las medidas establecidas al resto de las personas, cuando él evade las normas para la pulverización de productos químicos y biológicos en la que tuvieron que actuar inspectores de la subsecretaría de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia secuestrando un avión pulverizador que sería propiedad del intendente de Miramar Adrian Walker que opera en un predio propiedad del municipio por no estar habilitado de acuerdo a la legislación provincial.
Que controles puede ejercer cuando sería parte de una empresa familiar donde actuaría como apoderado que estaría inscripta en el rubro fabricación de explosivos y productos de pirotecnia, la que se dedicaría a la fabricación de fulminantes para balas y cartuchos, ubicada en plena zona urbana a una cuadra de una estación de servicios, más allá que pueda contar con las autorizaciones de la Nación y la provincia para la fabricación, es el municipio por su autonomía quien resuelve la autorización para que permanezca en el radio urbano. Es el intendente a través de las ordenanzas que dicta el Concejo Deliberante quien resuelve poner en riesgo la vida de los habitantes y los turistas que visitan el lugar dejando que funcione en ese lugar o estableciendo el traslado a un lugar donde no existan riesgos para la vida de las personas, además de realizar los controles correspondientes, los mismos que deberían haber hecho para no estar lamentando por estas horas la muerte de una niña de 9 años.
Es el mismo intendente que hasta que se dictara la ley provincial permitió el funcionamiento de una wiskería para la explotación sexual de mujeres, el que después de dos actuaciones policiales y judiciales comprobando el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y el consumo de estupefacientes en un local de esa localidad, permite que el mismo siga funcionando, es quien a rajatabla cumplió las ordenes de De la Sota para cambiar el nombre de la localidad a pesar de la mayoritaria oposición de los habitantes, el que acompañó a la provincia en la destrucción de un monte autóctono para construir un hotel para el funcionamiento del casino, sin contar con un sistema de red cloacal para el tratamiento de afluentes, donde no se habría informado que harán con los mismos con el consecuente riesgo que terminen en la laguna Mar Chiquita o en las napas freáticas mezclándose con el agua que consume la población.
Ante todo estas situaciones aparece la pregunta ¿tiene el intendente autoridad para ejercer el poder de policía? ¿Está en condiciones de exigir el cumplimiento de las normas? ¿Qué razones hacen que la oposición no actúe, cumpliendo con el rol de control? ¿Por qué la comunidad y las instituciones se mantienen pasivas?, seguramente cada uno encontrará la respuesta.
Lograr que se priorice la defensa de la vida por sobre la defensa de los intereses económicos y comerciales para evitar seguir lamentando la pérdida de vidas, pareciera que hasta ahora no es parte de la política de gobierno.
Seguramente la inmensa mayoría de los habitantes de Miramar anhelan para ellos mismos y los visitantes un marco de plena seguridad para desarrollarse y crecer con sustentabilidad a través del tiempo. Para que la anomía en esta materia, que ante hechos como el acontecido instala la responsabilidad no cumplida por el municipio, deje de ser moneda corriente, cada uno de las ciudadanas y los ciudadanos que prioriza la vida por sobre el resto de los intereses debería accionar con compromiso social exigiendo por un lado a la justicia actúe conforme a derecho sin que quede en la conciencia colectiva la sensación de impunidad y por otra parte a través de los mecanismos democráticos hacer que la muerte de la niña Martina Sarmiento se transforme en un símbolo de la defensa de la vida por sobre el negocio, sobre todo en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. La pasividad adjudicará la muerte a una desgracia, permaneciendo como un hecho más, hasta que lamentemos una nueva muerte evitable.
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