miércoles, 3 de febrero de 2016

Vínculos en la región con la efedrina, el narcotráfico, el fútbol y el lavado

Allanamiento en la zona rural entre Coronda y San Carlos titulaban los medios a poco que el juez Sergio Torres se hiciera cargo de la investigación de la fuga de los hermanos Lanatta y Schillaci. El mismo juez que investigó a proveedores de precursores a bandas también investigados en la causa de la efedrina, que procesan pasta base en Rosario y nuestra región, puso la mira hacia este sector del país, en la que se habría sospechado podrían haber tenido contactos con grupos dedicados al lavado de dinero, vinculados al fútbol.

La posibilidad que contaran con apoyo de alguna banda vinculada al narcotráfico, es quizás la hipótesis que permitió al juez Torres llegar a la zona de San Carlos en la provincia de Santa Fe en busca de los prófugos, que había trascendido por esos días que pretendían llegar hacia nuestra región para despegar de algunas de las pistas clandestinas ubicadas en la triple frontera provincial para huir hacia Paraguay. Al ser detenidos los prófugos en Cayastá, en las inmediaciones del cruce de las ruta 1 y 62, (esta última conduce directamente a la jurisdicción de Morteros), uno de los rehenes confirmó que pretendían ir hacia el norte para salir hacia Paraguay.
En ese marco ordenó el allanamiento en Coronda de la vivienda de Luis Zacarías, un ex funcionario de la Unidad Presidencial de la Casa Rosada, quien junto a sus hermanos son investigados en el marco de la causa por la importación de efedrina a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, quien entre otros proceso a Miguel Angel Zacarias, ex secretario privado de José Granero en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), uno de los tres funcionarios acusados de desviar casi 41 toneladas de efedrina entre 2004 y 2008. 
El Juez Sergio Torres es quien elevó a juicio la causa en la que se involucraba al barra brava del club rosarino Newell’s Old Boys, Delfín Zacarias en la compra de insumos químicos a Bernardo Castaño, la misma personas que podría haber sido proveedor de precursores a la banda Gallardo para elaborar cocaína líquida en un campo en la zona de Josefina para ser exportada a Europa, según la investigación del Juez Bustos Fierros, razón por la que por esos días realizaron varios allanamientos en Frontera.

El fútbol en nuestra región
El ex secretario de la Sedronar José Granero, es hermano de Carlos Granero, uno de los ex gerentes que en su momento se hizo cargo del Club Talleres de Córdoba, en la que aparece el cordobés nacionalizado mexicano, Carlos Ahumada Kurtz, quien con anterioridad había sido propietario entre otros del Club León F.C. de México, el que más tarde quedó en manos del Grupo Pachuca, el mismo al que ahora pertenece Talleres de Córdoba
Carlos Ahumada Kurtz, actual presidente del Club Estudiantes de San Luis, conocido como «el señor de los sobornos», por estar preso en México y Cuba, acusado de lavado de dinero, fraude y vínculos con el Cartel de Juárez, mantendría vínculos con dirigentes de instituciones de nuestra región ligadas al fútbol que podrían haber sido utilizadas para lavado de dinero, como así también con instituciones que se dedican a la actividad financiera que habrían sido investigadas el año pasado por la Unidad de Información Financiera por posible encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
El lavado de activos del narcotráfico peruano por intermedio de testaferros de Vladimiro Montesino, investigado por Servini de Cubría, en la que dos mutuales de nuestra región y una financiera podrían haber operado a través de uno de esos testaferros radicado en nuestra zona, el posible lavado de dinero del cartel de Cali a través de la banda Gallardo, investigado por el Juez Federal Bustos Fierro y los vínculos de carteles mexicanos con el narcotráfico y el fútbol de nuestra zona revelan el exponencial crecimiento que viene teniendo la actividad como consecuencia de la complicidad política de todos los partidos que desde fines de la década del setenta y principio de los ochenta vienen encubriendo para brindar impunidad en lugar de desbaratar a los mercaderes de la muerte.
Fuentes: Diario «La Capital»; «La Voz»; expedientes judiciales.


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